Escrito por David en el blog de José Blanco

En Democracia hay dos tipos de personas, las que agradecen el regalo tan escaso en nuestros días de estar bajo el paraguas de un Gobierno que debe sujetarse a ciertas reglas y luchan por mantenerlo y aquellas que ven en tal forma de gobernarse una herramienta (sino un obstáculo) para alcanzar sus fines.

El ciudadano cada 4 años ejerce su derecho y obligación a delegar el gobierno de la Comunidad en la que vive, en este caso España, y ponerlo en las manos de un grupo de personas llamadas políticos. El político en sí no tiene poder, el político en sí no tiene nada, es el más pobre de los ciudadanos, porque todo lo que tiene, todo el poder que ostenta, todo el dinero que maneja y su único fin durante ese período es administrar lo que le ha sido cedido en usufructo de la mejor forma para todos, el servicio público en su más noble de sus sentidos. El usufructo es el uso y disfrute de un bien, en este caso de una Representación que debe devolverse al final del periodo de cesión y a ser posible en mejores condiciones de las que fue entregado. El ciudadano espera de ese político que no se extralimite en el uso de sus facultades, que no extrapole la representación que se le ha dado y la haga global, y ante todo, que sea digno, intachable, honesto e incuestionable. A cambio de una pensión vitalicia por tan solo 4 años de trabajo, salarios altos, dietas, compensaciones económicas, prebendas, pluses y complementos que suman sueldos mas allá de lo razonable, no es mucho pedir, sobretodo porque solo las personas con vocación se servir deberían ejercerlo y a éstas, en general, les basta el honor de haber sido útiles. Ay, que pocos quedan ya!

Pero sobre todo, lo que espera el representado es que el político se rija por las mismas normas que obligan en todos los ámbitos al ciudadano de a pie. Espera que si la Ley es contraria a los intereses del político, no use éste su poder para cambiar la ley y retorcerla a su favor: eso es jugar, eso es trilar, eso es hacer trampas, retorcer la democracia hasta que ya no se puede entender y la Democracia no pertenece al político, sino al Pueblo.

Días aciagos vivimos en que la política se usa como herramienta para alterar y fijar lo que no puede hacerse por incapacidad propia. Días tristes en que la política se ha tornado de pórtico en poterna. Días en que la Constitución es tan sólo algo que celebrar cada 6 de diciembre.

Su actitud ante los controladores ha sido decidida, si, pero la decisión ha sido saltarse los cauces legales, hacer de la Democracia una burda comparsa: los Reales Decretos Ley no pueden nunca ir contra el Título I de la Constitución Española y deben ser usados tan solo en casos de urgencia. ¿Qué sucede con el artículo 37, por ejemplo? El artículo 86 deja bien claro que no se puede saltar sin remilgos. La urgencia del RDL no puede ser una trampa, no la puede provocar aquel que desea dictarlo, la parte más fuerte en este caso, es la Empresa y el Estado contra el trabajador como antaño, por muy bien pagado que esté este empleado. Es esa Empresa la que hace terminar unilateralmente un acuerdo justo el día antes de Semana Santa, cuando éste se extendía más allá del verano y permitía un amplio margen negociador y el logro del consenso, nunca se estuvo tan cerca. Esa Empresa que se levanta después de la Mesa Negociadora para que una connivencia ladinamente planeada nos llevara a este triste día para la Democracia. Ese Presidente de AENA amigo íntimo del Ministro. No solo hay que ser intachable, hay que parecerlo.

Solo hay dos antecedentes del calibre del desafuero actual, uno fue la expropiación de Rumasa, que años después los Tribunales calificaron de no ajustada a derecho y nos ha costado a los españoles enormes indemnizaciones; otra el año 2002 con el RDL del gobierno de Aznar que propugnó una reforma laboral y también fue anulado de pleno derecho por no ser considerado urgente por el Tribunal Constitucional, impugnado precisamente por un PSOE que clamaba por la necesidad del diálogo social hasta el último momento.

¿Cómo podemos pensar que un Ministro que se ha inmiscuido en unas negociaciones con unos trabajadores desde el mes de septiembre-octubre creando alarma social, buscando el aplauso público y un linchamiento mediático premeditado, para intentar después utilizar un recurso legal que, como en los casos anteriores los Jueces, ese poder judicial tan poco parecido al tercer poder independiente y libre que debería sustentar nuestro Estado de Derecho, ese poder que ha pasado de casa comunal, a común excusado por la injerencia de los otros poderes, esos Jueces que aún ostentan el poder moral de su independencia, deberán declarar una vez más que no se ajusta a derecho? ¿Por qué si tan interesado estaba en la negociación no propuso una mediación de buena fe o al menos la presencia de un observador?¿Las únicas medidas que se le ocurrió fue la forzuda insensatez?. ¿Cómo puede confiar un país en un Ministerio o en un Gobierno los cuales, si no le gusta un cierto acuerdo, abusan de su posición dominante para echarlo abajo sin importar si los medios usados son justos o injustos?. ¿Podrá alguien en este país volver a firmar un acuerdo y pensar que se va a cumplir hasta el final?. ¿Tienen que ser los Ministros los que decidan lo razonable y si no se lo parece salten por encima de las Leyes que deben respetar el resto de los ciudadanos?. ¿Es que la animadversión contra un grupo puede hacer que todo valga contra él? ¿No nos suena esto a un negro y denostado pasado?. ¿Es que todavía a fecha de hoy, el fin justifica los medios?

Triste espectáculo.

Aciagos días se avecinan para la maltrecha Democracia, su semilla extraída y seca, su cáscara vacía ya.

Algo debe estar muy errado cuando sus gestores deben ser reprendidos con tanta frecuencia por los Órganos Competentes.